MARIHUANA

Por: carlitos

“Anteojos, una mirada profunda” se llama la columna que Ramiro Suarez Bellanti desarrolla en Club 3. En esta oportunidad fue un viaje al corazón de un tema actual, polémico y potente: La marihuana. Legislaciones vigentes en el país, realidades en otros países, cannabis medicinal, autocultivo y posibles proyectos futuros a tratar en las cámaras. Imperdible.

AUTOCULTIVO DE CANNABIS: ¿SÍ O NI?

Importantes cambios han ocurrido en los últimos años en nuestro país respecto de los diferentes usos que hacen las personas de la marihuana. Sin embargo, ninguno de esos cambios resulta de una verdadera política de Estado tendiente a morigerar una realidad que tiene un fuerte contraste: el hecho de que muchos ciudadanos mantienen algún tipo de relación con la planta de cannabis y la vigencia de una ley que los introduce en la clandestinidad al hacer cualquier tipo de uso de la droga.

QUÉ DICE LA LEY

En la Argentina, la ley que criminaliza el tráfico de estupefacientes es la N° 23.737, en vigencia desde el año 1989. Dicha norma, en su Art. 5, pena con hasta 15 años de prisión al que siembre o cultive plantas como materia prima para la producción de estupefacientes. Así también, para quien comercialice con dichas plantas o con el producto de éstas. Es decir, la ley no hace diferencias entre quienes cultivan una planta para producir una droga que luego consumirán ellos mismos y quienes lo hacen con fines de lucro.

Asimismo, en su Art. 14, segundo párrafo, dicha normativa establece que la sola tenencia de estupefacientes que, por su escasa cantidad, se presumiere para consumo personal, será reprimida con prisión de un mes a dos años.

Ahora bien, toda pena que le puede corresponder a una persona por la comisión de un delito tiene su fundamento en el hecho de que, con su conducta, se ha lesionado un bien jurídico que el Estado, a través del Código Penal o las leyes especiales, intenta proteger. En el caso de la ley de estupefacientes, el bien jurídico que se tutela es la salud pública.

Sobre esta situación, han sido los jueces, en su carácter de intérpretes de las normas, quienes han echado algo de luz a esta contradictoria realidad. Y digo contradictoria porque es -al menos- llamativo que se criminalice a una persona que consume drogas en su intimidad, es decir, lejos de afectar la salud de terceros.

QUÉ DICE LA CORTE

Es basta la jurisprudencia –que en nuestro país no obtiene el carácter de norma- que existe al respecto de la ley N° 23.737. Quizás el más emblemático, por su contundencia en la votación y los principios que se realzan en sus fundamentos, sea el fallo “Arriola”, dado a conocer en agosto de 2009.

En esa sentencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto unánime de los siete jueces de entonces, declaró la inconstitucionalidad del Art. 14, segundo párrafo, de la ley citada, por violar el Art. 19 de la Constitución Nacional (principio de reserva), que prescribe que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados”.

En síntesis, la Corte ha dicho que es inconstitucional criminalizar a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado, ya que, quien quiera hacerlo, está amparado por el Art. 19 de la CN.

En este sentido, el juez Ricardo Lorenzetti ha expresado que “el Estado no puede establecer una moral; en lugar de ello debe garantizar un ámbito de libertad moral y las penas no pueden recaer sobre acciones que son ejercicio de esa libertad”. Raúl Eugenio Zaffaroni agrega que “la sociedad no tiene la misión de hacer reinar la moralidad en las acciones privadas”. Además, consideró que imputar al consumidor se vuelve contraproducente a la hora de luchar contra el narco, ya que el consumidor luego no quiere testificar, y que “si cada consumidor tuviera una planta de marihuana en su balcón, entonces no habría tráfico”.

Previo al fallo “Arriola”, en febrero del mismo año, la Sala I° de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires declaró la inconstitucionalidad del Art. 5, inc. “a”, anteúltimo párrafo, en una causa en la que se había condenado a dos personas por tener en su casa cuatro macetas con plantas de cannabis. Para los jueces del tribunal, la cantidad de la droga (75,12 gramos en total) y las circunstancias del hecho permitían afirmar que la siembra de la marihuana encontrada era para consumo personal y, en consecuencia, sobreseyó a los imputados por no encuadrar su conducta en una figura penal.

DESPENALIZACIÓN

La doctrina de la Corte Suprema de Justicia caló hondo en los tribunales penales federales, donde prácticamente se considera “letra muerta” lo normado por el Art. 14, segundo párrafo, de la ley de estupefacientes, ya que casi la totalidad de los hechos en los que se le encuentra a una persona una pequeña cantidad de droga culmina en primera instancia con el sobreseimiento definitivo a favor del acusado, lo que indica una bajísima aplicación de la norma vigente.

Dicha circunstancia motivó que, en el año 2012, el entonces senador Aníbal Fernández presentara un proyecto de ley para reformar la ley 23.737. Entre otras cuestiones, la iniciativa contemplaba la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal y penas más duras para los cabecillas de las bandas narcos, con el objetivo de, primero, atender de un modo más efectivo la salud de quien consume y, segundo, perseguir el narcotráfico.

Sin embargo, el proyecto presentado por el legislador del Frente para la Victoria, que contaba con el consenso de la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio Progresista, encontró un freno por parte de legisladores de otros partidos y de titulares de ONGs en los diferentes plenarios en los que se debatió el proyecto, convocados por las comisiones pertinentes de la Cámara de Diputados, argumentando que la cuestión de la despenalización no era prioritaria en un contexto en el que el avance del narcotráfico dejó al desnudo las falencias del Estado a la hora de atacarlo.

Más acá en el tiempo pero más allá en cuanto a los alcances, los diputados nacionales del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Myriam Bregman dieron a conocer y pusieron a disposición de diversas organizaciones un anteproyecto de ley para la legalización integral del uso del cannabis. La iniciativa, que será presentada en estos días en el Congreso de la Nación, establece que la marihuana, sus semillas y sus derivados deben ser considerados como sustancias de uso legal, “tanto para su plantación, cultivo, cosecha, producción y almacenamiento como para su comercialización, distribución, adquisición, tenencia y consumo”, siendo facultad del Estado la comercialización, a excepción de lo producido mediante el autocultivo individual o colectivo para consumo personal.

En sus fundamentos, el proyecto indica que, según datos aportados por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), solamente durante el año 2012 se abrieran 9.414 causas (de un total de 24.599) por tenencia para consumo personal. El mismo informe indica que el 38% de las causas iniciadas en el país por infracción a la Ley N° 23.737 son por tenencia para consumo personal, mientras que en segundo lugar se ubican las causas por “comercio de drogas” (que representan el 35% del total). De acuerdo a este informe, sólo en el 3% de las causas se investiga el delito de “contrabando de estupefacientes”, lo que demuestra claramente que en la amplísima mayoría de los casos se persigue con exclusividad a quienes consumen en cantidades menores.

CANNABIS MEDICINAL

Continuando en materia legislativa, el pasado 29 de marzo, con el voto unánime de la Cámara de Senadores de la Nación, se aprobó la ley que regula el uso medicinal del cannabis. Según las diferentes organizaciones que reclamaban desde hace tiempo el proyecto, se trata de una norma incompleta pero que representa un gran paso en la lucha hacia la despenalización del autocultivo de marihuana.

La normativa dispone un marco regulatorio para el uso de la planta con fines médicos y científicos. Así, impulsa la producción pública del cáñamo –a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)-, contempla un programa para la investigación de los beneficios de la droga, el cual estará a cargo del Conicet, y faculta al Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, a proporcionar gratuitamente el aceite de cannabis a pacientes que tengan la prescripción médica y se encuentren inscriptos en un registro público, recomendado –hasta tanto se industrialice la producción local, la que estará a cargo de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap)- que el medicamento sea importado por intermedio de la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Entre otras enfermedades, se ha probado que el aceite de marihuana es altamente efectivo como paliativo de dolores producidos por enfermedades como el cáncer, esclerosis y artrosis y resulta eficaz en tratamientos contra la epilepsia refractaria, autismo, VIH o parkinson.

Si bien la ley fue celebrada entre pacientes y familiares de usuarios del aceite de cannabis, éstos aclararon que la ley es perfectible, ya que no contempla el autocultivo para uso personal. Al respecto, desde Mamá Cultiva, una de las principales organizaciones que impulsaron el proyecto, señalaron que los extractos y derivados que mejor funcionan son los que las producen en sus casas y que, ante esta situación, sigue existiendo un vacío legal que mantiene en la ilegalidad a los cultivadores con fines medicinales.

QUÉ PASA EN OTROS PÁISES

En diciembre de 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar integralmente el uso de la marihuana. Aunque existen diversos países alrededor del planeta en los que se encuentra despenalizada la tenencia o el cultivo de cannabis para uso personal o, bien, que cuentan con algún tipo de legislación permisiva (como es el caso de Holanda, donde es legal la comercialización pero no la producción), en Uruguay la ley sancionada reglamenta la producción, el autocultivo personal o colectivo, la venta, la tenencia y el consumo de marihuana.

En el vecino país, es el propio Estado quien se hace cargo de la producción, a través del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y subcontratando empresas privadas, quien se hace cargo de la producción y distribución de la marihuana, que se venderá en farmacias a aquellos usuarios que se hayan inscripto en un registro público de fumadores. Estos usuarios podrán adquirir un máximo de 10 gramos por semana (máximo 40 gramos al mes) por el valor de 1,30 dólares el gramo.

Así también, la ley permite a los consumidores, quienes también deben inscribirse en un registro, cultivar hasta seis plantas de marihuana en sus hogares o el equivalente a 480 gramos de flores por cosecha al año.

Finalmente, el Estado tampoco criminaliza a quienes adquieran la droga a través del cultivo en clubes de membresía, los cuales no podrán tener menos de 15 ni más de 45 socios, e igualmente estén inscriptos en un registro específico. Los ciudadanos interesados deben optar por uno de los tres mecanismos habilitados para la obtención del producto.

En este sentido, en el primer día de inscripciones para el registro de consumidores que adquirirán la marihuana en farmacias, se anotaron 539 personas, las cuales se suman a las 6.617 personas que obtuvieron la autorización para autocultivar y a las inscriptas en clubes de membresía, que ya son 51 (2.295 personas), en un país de 3,4 millones de habitantes.

Es decir, con la legalización del uso de la marihuana, en Uruguay se ha dejado de criminalizar al consumidor de la droga. Asimismo, se espera que la ley, que está dando sus últimos pasos reglamentarios, logre, por un lado, evitar daños en la salud de los usuarios, moderando el consumo, y combatir parte del negocio del narcotráfico. Ambos supuestos serán esclarecidos en los próximos años.

REALIDADES CONTRAPUESTAS

Mientras tanto, en nuestro país, conviven diferentes realidades totalmente contradictorias. Por un lado, si bien fue sancionada la norma que le da un marco regulatorio al uso del cannabis medicinal, tiene plena vigencia la ley 23.737, la cual criminaliza a la persona que consume o que cultiva con fines médicos o recreativos para sí misma, equiparándola a un narcotraficante (Art. 14, segundo párrafo), aunque con una pena más baja. Por otro, la jurisprudencia ha dejado en claro que es inconstitucional perseguir penalmente al adulto que fume marihuana en un ámbito de privacidad, ya que se encuentra amparado en el Art. 19 de la Constitución Nacional.

En conclusión, mientras en la Argentina no exista una política de Estado tendiente a sincerar, por un lado, que perseguir a los consumidores de la droga no da resultados a la hora de luchar contra el narcotráfico, y, por otro, que durante casi 30 años han ido en ascenso los recursos destinados a librar una “guerra” que ha fracasado rotundamente y que como consecuencia ha tenido el incremento de los mecanismos de control social a través del aparato represivo de las fuerzas de seguridad, la industria del paco seguirá avanzando y, con ella, seguirán avanzando todos los problemas que ocasiona.

Por Ramiro Suarez Bellanti.

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